El PSOE estudia la posibilidad de presentar un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto ley de RTVE, aprobado este jueves en el Congreso de los Diputados– con el apoyo de PP, CiU, Foro de Asturias y UPN– y que permite elegir a un presidente de la Corporación sin una mayoría cualificada de dos tercios de la Cámara.
MADRID, 18 (EUROPA PRESS)
Así lo ha confirmado a Europa Press el portavoz socialista en la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de control parlamentario a RTVE, Juan Luis Gordo, quien ha argumentado que el PSOE está valorando este recurso porque no hay «razones claras» para que el Gobierno justifique la tramitación de este decreto por causas de «extraordinaria urgencia».
Entre otras cosas, los socialistas sostienen que no existe urgencia para reformar la Ley de RTVE mediante decreto ley, un instrumento jurídico que, por la inmediatez de su entrada en vigor, se reserva para cuestiones de extraordinaria y urgente necesidad. A su juicio, el Gobierno ha hecho un uso excesivo de su capacidad de reglamentación.
Como explicó Gordo durante el debate con el ministro de Industria, José Manuel Soria, el decreto ley representa un «error jurídico, institucional y democrático» y supone un «retroceso» para la independencia de la cadena que, en su opinión, ha presidido a la gestión de los últimos años de la televisión pública.
Para el PSOE, el «único objetivo» que se persigue con esta medida es «manipular» a la radio y la televisión españolas para convertirlas en un medio de comunicación de «partido», como ya realizan las televisiones autonómicas de Madrid o la Comunidad Valenciana, con Telemadrid o Canal Nou, respectivamente, o ya se hizo durante la legislatura ‘popular’ con el ex presidente del Gobierno, José María Aznar, y el entonces jefe de informativos, Alfredo Urdaci.
También el grupo parlamentario de Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) ve motivos para llevar la norma ante el Tribunal Constitucional. Su portavoz en la materia, el diputado de IU Ricardo Sixto, advirtió en el Pleno del Congreso de que este decreto merecía un recurso inconstitucional porque el «verdadero objetivo» del Ejecutivo es «tomar el control directo» de la dirección de RTVE. «El pretendido ahorro no es más que una mala excusa aprovechando el nefasto momento económico que se vive», apostilló.
Sin embargo, IU-ICV-CHA no puede presentar por sí solo un recurso de inconstitucionalidad, que exige la firma de al menos 50 diputados. Otra cosa es que su grupo se sumara al del PSOE o que lograra que otra institución autorizada, como el Defensor del Pueblo, lo presentase.
VOLUNTAD DE CONSENSO
Soria, por su lado, ha insistido en varias ocasiones en que la voluntad del Gobierno es consensuar el presidente de la Corporación pública, al mismo tiempo que defendió que el fin de este decreto no es otro que «desbloquear» la renovación de RTVE, dado que la actual situación de presidente rotatorio impide, por ejemplo, la toma de decisiones ejecutivas, como la aprobación de las cuentas anuales del Ente.
«Con este decreto se garantiza la independencia de la entidad y que la elección siga siendo parlamentaria, basada como desea el Gobierno, en el consenso y en el acuerdo. Queremos una televisión pública de calidad, que cumpla su servicio público y una gestión eficiente y profesional», defendió el ministro en el Congreso.
UN AHORRO DE 1,25 MILLONES DE EUROS
En concreto, esta medida permite elegir al presidente y renovar a los miembros del Consejo de la corporación por mayoría absoluta, una medida que, según la memoria económica que acompaña a dicho decreto a la que ha tenido acceso Europa Press, supondrá un ahorro para las arcas del Estado de 1,25 millones de euros anuales, según los cálculos del propio Ejecutivo.
Además, supone la disminución de tres miembros del Consejo de Administración, que pasa de tener 12 miembros a nueve, una medida que supone un ahorro de 342.000 euros brutos anuales, teniendo en cuenta que la retribución anual bruta de los miembros del consejo para el año 2012 asciende a 114.000 euros.
Hasta la aprobación de esta medida, según la normativa de 2006 de RTVE, la elección del presidente de la Corporación era consensuada por una mayoría cualificada de dos tercios de la Cámara Baja, es decir, de un acuerdo entre el PP y el PSOE.
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