Los gobiernos autonómicos han entregado al Ministerio de Hacienda sus planes para cumplir con el objetivo de déficit del 1,5% para este ejercicio que les exige el Gobierno bajo amenaza de intervención. Así las cosas, la Comunidad Valenciana y Baleares han aprovechado los cambios introducidos por el Ejecutivo en la ley marco sobre televisión para abrir sus canales a la privatización. Por otro lado, la Junta de Andalucía acata la disciplina presupuestaria y fija en 2.696 millones de euros la “retención de crédito” a que le obliga el Ejecutivo.
Después del tira y afloja de las últimas semanas entre Hacienda y las Autonomías para que presentaran unos planes de ajuste “creíbles”, los gobiernos regionales -que han apurado los plazos- entregaron ayer la documentación final requerida. El Ministerio hará un análisis final de esas cuentas y expondrá sus conclusiones en una reunión del consejo de política fiscal y financiera previsto para dentro de dos semanas. Con la ley de estabilidad presupuestaria que hoy entra en vigor, en el Gobierno cuentan que a partir de septiembre será cuando Hacienda estará en condiciones de poder intervenir en forma práctica en las cuentas de las Autonomías si es que alguna se salta la aplicación de los objetivos de déficit.
De momento, por las primeras impresiones de los planes remitidos a Hacienda, todas las Autonomías parecen dispuestas a tomarse en serio este año el principio de no gastar más de lo que ingresan, según fuentes gubernamentales. Incluso presumen de ello. Es el caso del presidente del ejecutivo balear, José Ramón Bauzá, que hizo público el plan enviado a Hacienda y lo explicó acompañado por todos sus consejeros: un recorte drástico de 347 millones de euros que afecta a casi todos los departamentos.
Bauzá es pionero en ahorrar en lo más superfluo y se convierte en el primer presidente autonómico que afronta la privatización de su televisión. Primero anunció que reducía la subvención a la cadena de los 50 millones a 30 millones y ahora la abre a la entrada de capital privado para terminar con el déficit. La televisión autonómica de las Islas Baleares, pese a su reducido tamaño, tiene una deuda acumulada de 78 millones. Como las demás, y obligada por la nueva ley, tiene que someterse a los mismos criterios de estabilidad presupuestaria que el resto de la administración: no puede ser deficitaria a medio plazo.
La Comunidad Valenciana también incluye en su plan general de recorte la reducción de la plantilla de la TV autonómica a la mitad antes del verano y se compromete a introducir medidas de privatización para encauzar una deuda desbocada de 1.200 millones de euros. Los otros gobiernos regionales dispuestos a buscar capital privado son los de Madrid y Castilla-La Mancha. Sin embargo, los de Cataluña, Andalucía, País Vasco, Galicia y Extremadura han comunicado que mantendrán sus cadenas exclusivamente a costa de fondos públicos, aunque no han aclarado cómo cumplirá la ley, pues ahora mismo con la publicidad no basta para cubrir los costes.
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